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El reajuste considera un alza de 3,2% en remuneraciones generales, el congelamiento de los salarios altos, y bonos para salarios medios y bajos.

La propuesta del Gobierno sobre el reajuste en el sector público quedó en condiciones de transformarse en ley tras recibir el respaldo mayoritario de ambas cámaras del Congreso durante la noche del miércoles.

La iniciativa aprobada tiene un costo de $567 mil millones, considera un alza de 3,2% en las remuneraciones generales, congelamiento de rentas de autoridades y de quienes perciben salarios sobre $4,4 millones, dos tramos de bonos especiales y el compromiso de un bono de $15 mil para mitigar el impacto en el poder adquisitivo de quienes reciban el reajuste en caso que el IPC a noviembre sea “anormalmente alto”.

Tras la aprobación de la propuesta, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que se trató de un proyecto “difícil para todos”. “Nos gustaría tener reajustes mayores pero también tenemos otras prioridades como país. La educación, la salud, son muy importantes y el presupuesto también gasta en eso”, explicó.

El ministro también comentó que la propuesta del Gobierno se enmarca en una serie de normativas que han buscado mejorar la situación de los trabajadores del sector público. Existen 36 leyes vigentes aprobadas desde 2014 que van en directo beneficio de distintos sectores, que al 2017 sumarán un gasto por $700 mil millones. El monto es mayor al que considera el reajuste.

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